corrupción en Argentina


Estados Unidos apuntó a la incapacidad de la justicia y falta de voluntad política para esclarecer los grandes escándalos de corrupción en Argentina, según nuevos cables diplomáticos divulgados el miércoles último por Wikileaks.

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APBUENOAS AIRES

“Los escándalos de corrupción en Argentina frecuentemente causan un gran impacto al principio para luego disiparse en el olvido debido al lánguido avance de las investigaciones y a un interminable ping-pong jurídico al que son sometidos” , consideró la nota de la embajada en Buenos Aires fechada en junio de 2009.      Para sostener su opinión, menciona un estudio de la local ONG Centro de Estudios y Prevención de Crímenes Económicos, según el cual los casos de corrupción requieren 14 años en promedio para resolverse, pero que sólo 15 de 750 causas terminan en condena de los responsables.

  En la misma línea, la sede diplomática destaca la renuncia del ex fiscal de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, en marzo de 2009 aduciendo presiones de su superiores para no avanzar en la investigación de funcionarios del gobierno de Cristina Fernández sospechados de corrupción.

  Garrido, que actualmente se sumó a la campaña del precandidato presidencial opositor Ricardo Alfonsín, hijo del fallecido ex presidente Ricardo Alfonsín, tuvo un rol activo en investigaciones sobre la manipulación de estadísticas oficiales; enriquecimiento ilícito del fallecido ex presidente Néstor Kirchner y su sucesora; y pago de sobreprecios en licitaciones de obras públicas, entre otros.

  Ninguna de estos casos prosperaron en la justicia.

  La embajada hace referencia a que una sobrina de los Kirchner es quien investiga la entrega de terrenos fiscales a un precio módico a sus tíos y a “50 altos funcionarios” y amigos del poder en El Calafate, provincia de Santa Cruz. Agrega que el ex mandatario vendió luego parte de esos terrenos por un valor “cuarenta veces mayor” al que había pagado.

  El gobierno reaccionó con silencio ante las nuevas revelaciones.

  En otro de los cables, la embajada apunta a las sospechas que generan los casos de un juez y un fiscal que tenían a su cargo un resonante causa de corrupción gubernamental y que renunciaron para ocupar altos cargos en la administración. “Analistas locales sospechan de motivaciones políticas” , sostuvo el encargado de negocios.

  En tanto que en abril de 2008 otro cable da cuenta de una reunión que mantuvo el entonces embajador Anthony Wayne con el Defensor del Pueblo  (Obudsman) , Eduardo Mondino, actualmente alejado de ese cargo, quien le comentó que estaba investigando una denuncia sobre “la sistemática comisión del 15% cargada por el gobierno argentino a todos los contratos privados con un tercer país” , que no es mencionado en el cable.

  Tiempo después, Mondino admitió que se trataba de Venezuela.

  Estados Unidos destaca en otra de las notas que Argentina se encuentra entre los países de la región que fallan en la implementación de políticas contra la corrupción.

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